La empresa petrolera norteamericanas Chevron busca a toda costa anular el juicio planteado por miles de pobladores de la Amazonía ecuatoriana -inscritos en 80 comunidades-, que se han sentido afectados por los daños causados a los ecosistemas ambientales por la producción petrolera. Según afirman los afectados, los impactos fueron tan severos que condujeron y aún conducen al fallecimiento de una importante cantidad de seres humanos originarios de la zona (¿genocidio?). Se habla de 1.400 personas muertas, entre niños, mujeres y ancianos. Este proceso sistemático de extracción del crudo en condiciones ambientales negativas duró por más de 25 años; en los cuales se perforó 350 pozos petroleros, derramó 18 mil millones de barriles de sopa tóxica, construyó más de 900 posos de fango petrolero, expulsó chamanes, irrespetó la cultura de la población, taló bosque primario y contaminó ríos. Para lograr su cometido –anular el juicio- la empresa no solo que se encuentra litigando en las respectivas cortes donde se han planteado los juicios, sino que también ha desarrollado una campaña mediática con la finalidad de ganar adeptos en la opinión pública y de presionar a los jueces hacia su favor; así como realizar un “lobbing” al más alto nivel (Congreso de los EEUU) tratando de impedir que el Ecuador se beneficie del ATPDA, argumentando la manida frase de la inseguridad jurídica. La campaña mediática es tan amplia y, en muchos casos, personalizada vía internet; que es imposible no estar en sus listas de correo y mucho más difícil aún que le den de baja de las mismas. Para el efecto tienen una empresa que se dedica exclusivamente a este fin. Es que los intereses son muy grandes. En el medio está en juego la cantidad de 27 mil millones de dólares –monto cercano al presupuesto nacional- y obviamente la seriedad de la empresa respecto al manejo del medio ambiente en los procesos de producción petrolera. Es mucho lo que se litiga, tanto en dinero, en eficiencia, responsabilidad social como en honorabilidad; tan es así, que ahora se suman denuncias a la empresa respecto de prácticas poco claras en ámbitos muy distintos: testigos, jueces, peritos, técnicos, periodistas, políticos y dirigentes, entre otros. Este es el típico caso donde la legislación internacional debería establecer normas claras de imprescriptibilidad, porque en muchos casos el daño es de tal magnitud que se convierte, primero, en irreversible porque su remediación es imposible; segundo, genera impactos con onda expansiva que supera con creces el espacio donde se lleva a cabo el proceso de extracción o producción; y, tercero, sus efectos devastadores se mantienen en el tiempo mucho más allá de lo que se puede suponer. Más aún, en el caso de la Chevron además están en discusión las causas del fallecimiento de alrededor de mil cuatrocientas personas. Si ello finalmente es así, ¿Se trataría de un genocidio? En ese sentido, el tema de la degradación ambiental puede parecerse a lo que ocurre con los crímenes calificados de lesa humanidad. Estos crímenes son imprescriptibles y están sujetos a procesos legales de carácter internacional. ¿Porqué no hacer lo mismo con los procesos de degradación ambiental que afectan a los derechos de la naturaleza?