En América Latina existe un incremento de los hechos delictivos y, consecuentemente, de la victimización; este cambio de tendencia se percibe desde mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado cuando tres hechos se producen en simultáneo: la globalización, la reforma del Estado y la modernización de la violencia. Según los promedios de las tasas de homicidios en Latinoamérica, se tiene que en 1980 era de 12.5 por cien mil habitantes y en el año 2006 de 25.1. Estos datos muestran que en 25 años los homicidios se han duplicado y lo han hecho en un momento en que los presupuestos de seguridad se han incrementado de manera notable en la región; en que el número de efectivos policiales han crecido de forma significativa; en que la cooperación internacional ha planteado políticas explícitas para toda Latinoamérica, con recursos humanos, tecnológicos y económicos; en que hay nuevos actores para enfrentar el delito (municipios, empresas, ONG´s), en que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles se generaliza y en que los efectivos policiales privados son más del doble de los públicos. O sea, se ha hecho mucho, pero mal. El incremento de la violencia y las ineficientes políticas de prevención y de control implantadas, han conducido a que la población adopte distintas estrategias para enfrentarla. Allí por ejemplo, el aparecimiento de las ciudades amuralladas en sus distintas expresiones: barrios cerrados, construcción de muros físicos, edificaciones con cercas eléctricas, y ventanas y puertas con barrotes. También expresiones extremas de legitimad de una violencia difusa, como mecanismo de resolución de conflictos: linchamientos, sicariato, parapolicía e informalidad legal (por ejemplo, ley del Talión o del más fuerte). Y no se diga el proceso de privatización de la seguridad, compuesto por guardias privados, inteligencia empresarial, movilización de valores, perros y escuelas de defensa personal. Frente a la protección y las garantías de los derechos que los Estados deben brindar a los ciudadanos, se ha desarrollado de manera profusa la auto protección individual, social (alamas, organización) y mercantil (compra de servicios de seguridad). De esta manera se forman tres ofertas de seguridad, cada una de las cuales muestra cómo se va generalizando el acceso absolutamente desigual a los servicios de seguridad y cómo el concepto de seguridad ciudadana se desnaturaliza, al extremo que la condición ciudadana se hace “líquido”. El primero es la oferta estatal, el segundo la oferta privada y el tercero la oferta social, cada una en su andarivel y en confrontación con la otra. Las acciones defensivas que asume la población conducen a un círculo vicioso o a la llamada causación circular: cada una de las acciones de protección, sea por la vía mercantil o por iniciativa propia, se convierten en factores que producen más violencia. Pero también la población se organiza, empieza a manifestarse y expresar su insatisfacción. Son las marchas blancas, los grupos temáticos alrededor de ciertos delitos (defensa de niños o mujeres; antisecuestro), las encuestas de opinión. Sin embargo, nada raro sería, que un plazo breve, la sensación de desprotección lleve a la mutación de estas formas: estoy más seguro en una pandilla, tengo más protección por el crimen organizado o, estallen hechos violentos de demanda.