En la revista Vanguardia número 213, del 3 al 9 de noviembre pasado, aparecen los datos de una encuesta de opinión pública sumamente interesantes, respecto de la violencia, de la percepción de inseguridad y de la presencia militar en las calles. Los datos promedios son de Quito y Guayaquil (donde se ha desplegado la presencia militar, aunque falta Manta) y dicen lo siguiente: La población en un 74.5 por ciento cree que en estos últimos 6 meses la delincuencia ha aumentado. Un 83 por ciento de los encuestados están de acuerdo con la presencia militar en las calles. El 63 por ciento los habitantes se sienten más seguros con los militares en el espacio público. Y el 67.5 por ciento cree que se requiere más empleo que policía para combatir la delincuencia, lo cual debe leerse más como una demanda laboral que como un mecanismo reductor de la delincuencia.

Algunas consideraciones sobre estos datos. Lo primero que salta a la vista es que hay una percepción de crecimiento sostenido de la violencia en el país, que –incluso- se sustenta en una aceleración hacia arriba en los hechos objetivos durante este último año, sobre todo en los delitos que usan un mayor grado de fuerza. Según la Policía Judicial, entre enero y agosto de 2008 y enero y agosto 2009 el asalto a Bancos subió el 71 por ciento, los homicidios crecieron en el 4.5 por ciento y los robos de vehículos aumentaron en el 14 por ciento.

Lo interesante de estos primeros datos tiene que ver con el hecho de que hay un reciente gatilleo de la violencia que tiene efecto dominó. Cuando aumenta súbitamente la violencia y sus grados, la percepción de inseguridad crece en mayor proporción; segundo, el sentimiento de inseguridad produce una mayor demanda por seguridad (agenda pública) y tercero, estas demandas tienden al diseño de explícitas políticas públicas de “mano dura” (agenda política). Hay que relevar que este proceso no es un fenómeno intermitente y único –por ejemplo- de las campañas electorales, sino un continuo permanente, de ida y vuelta, entre las demandas sociales de las víctimas (que aumentan por victimización) y las consecuentes políticas públicas (que se endurecen).

Lo que ocurre es que hay un predominio de la agenda pública construida mediante encuestas de opinión pública, medios de comunicación y grupos temáticos (defensores de DDHH, niños, antisecuestros); que –en su conjunto- organizan la demanda bajo la forman de lo que en la actualidad se ha llegado en llamar el “derecho de la víctima”; que no es otra cosa que la pretensión punitiva venida de la víctima como Ley del Talión. De esta manera se hace política pública orientada más por la venganza solicitada por la víctima que por la racionalidad técnica de la desactivación de la violencia; esto quiere decir que hay un paso de la agenda pública a la agenda política, sin mediar por procesos técnicos y políticos adecuados. Lo que ocurre con este tipo de políticas construidas desde la demanda de la víctima, es que su ejecución debe seguir el camino inverso con el fin de satisfacerla. Por eso lo que está ocurriendo es que la seguridad corporativiza la sociedad, simplifica las políticas con militares en las calles, utiliza la prensa para existir y recurre a las encuestas para legitimarse.

De esta manera y en este último año, se ha generalizado la presencia militar en las calles de las ciudades de América Latina; lo cual denota un peso mayor en la lógica de la “mano dura”, en el populismo penal, en la militarización de la escena urbana y en el uso de los medios de comunicación para legitimar esta política. Pero también los mass media simplifican la problemática con el uso de una jerga periodística que utiliza calificativos tales como:”crimen organizado”, “combate a la delincuencia” o “mano dura” que tienden a generalizarse.