La declaratoria de Estado de Excepción, según Decreto Ejecutivo No 82, no tiene antecedentes en la vida Nacional y es un mecanismo contemplado en la constitución para casos de catástrofe natural, perturbación grave del orden interno, guerra exterior, guerra civil, invasión, o cualquier otro peligro de extrema gravedad. El Artículo 1 del Decreto invoca la agresión del crimen organizado que sufrirían las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta para implantar la medida. ¿Eso ocurre en el país y en particular en las ciudades de Manta, Guayaquil y Quito? ¿Es Constitucional?

Según el Mapa del crimen organizado hecho por el Ministerio de gobierno, “el crimen organizado no es una amenaza estructural para la seguridad interna” (Vanguardia 8 de septiembre) y lo que es más, las zonas de aplicación del estado de excepción no corresponden directamente con las tres ciudades señaladas, porque Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas y los Ríos son las mas afectadas. Por otro lado, según la Policía Judicial, entre enero/agosto de 2008 a 2009 hay una reducción del 20.76 por ciento de las denuncias consolidadas de delitos y del número de detenidos en 5.74 por ciento. Según la encuesta de victimización de 2008 realizada por el Ministerio de Gobierno, el índice de victimización del país es de 12.7 por ciento, que resulta inferior a otros países de la región, y el de victimización por provincias evidencia que Los Ríos, Cotopaxi, Pichincha y Guayas están por encima del promedio nacional…

Si estos datos muestran que la violencia no sube, que la victimización no es tan alta y que no hay correspondencia directa entre las zonas más violentas con aquellas que se decretan en el estado de emergencia ¿Cuáles son las razones que han llevado a tomar esta decisión tan dura y extrema? ¿Qué efectos puede producir?

En primer lugar, lo que existe es una coyuntura particular donde confluyen, por un lado, movilizaciones indígenas que han paralizado algunas carreteras y manifestaciones estudiantiles que han cerrado calles de ciertas ciudades; y, por otro lado, una ola delictiva con homicidios altamente visibles, donde se destacan los asesinatos a una francesa, un iraní y tres ecuatorianos y, por otro lado, el incremento de los asaltos a bancos y los secuestros expres con altos grados de violencia.

Este mix genera el pretexto para que la seguridad ciudadana sea utilizada en el control del orden interno, con lo cual se desnaturalizan las políticas de protección de la población y se neutralizan los avances logrados. Esta situación no es muy distinta a lo que ocurre en América latina, que vive el renacer de la seguridad pública por sobre la ciudadana mediante la muletilla del crimen organizado (narcotráfico y terrorismo) -como neo enemigo que amenazaría la seguridad interna- para lo cual se utilizan las clásicas instituciones a su alcance.

La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles altera su misión y produce dos impactos complejos: militariza la policía y el delito es enfrentado más desde la violencia que desde la disuasión. Por otro lado, la focalización de las acciones en el territorio produce un desplazamiento del delito hacia otros lugares y posteriormente, cuando se reestablece la normalidad, la violencia es mas extensa en el espacio y tiene mayor intensidad. Adicionalmente, la percepción de inseguridad genera una imagen en el exterior absolutamente negativa del país y hacia el interior de alto temor. Este tipo de políticas de shock, que concentra las acciones en el tiempo y el espacio,, son propias de la llamada “mano dura”, no permiten desarrollar procesos de largo plazo