En la década de los años noventa del siglo pasado, Bolivia fue un referente de la cooperación internacional en América Latina. Fue un proceso que estuvo ligado al proceso de Reforma del Estado en el marco de los acuerdos de Consenso de Washington, y sus éxitos llegaron a ser definidos como el "milagro boliviano". En ese contexto, la descentralización fue convertida en un "caso exitoso", al extremo de que se la difundía por todos los países de la región.

El gran logro obtenido por la descentralización, con 15 años de perspectiva histórica, fue la creación del municipalismo. La presencia del Estado en el territorio boliviano fue posible gracias a la creación de esta instancia institucional. En estos días, se conmemoran los 10 años de la creación de la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM), creada para profundizar el proceso.

La propuesta fue municipalista, como ocurrió en casi todos los países de la región, proyecto que se quedó corto cuando emergió Santa Cruz y otros departamentos de la llamada Media Luna con un proyecto autonomista de carácter regional, apoyado en la nueva inserción de Bolivia en las demandas regionales del Mercosur, en el peso económico y, por tanto, político que adquiere la ciudad de Santa Cruz y la complementariedad internacional con su vocación productivo-agrario-extractiva. Sus postulados se resumen en privatizadora frente al Estado y autonomía frente a la capitalidad de La Paz.

Sin embargo, estos dos proyectos descentralizadores empiezan a perder hegemonía con la llegada de Evo Morales a la Presidencia de la República. El tema es asumido desde la escala nacional, el debate se realiza en el ámbito del diseño de la nueva Constitución y el contenido del proyecto tiene un nuevo actor que le imprime su sello: el MAS, con su fuerte composición étnica. Esta nueva coyuntura produce una fuerte confrontación -que supera el ámbito de la descentralización- de dos proyectos: el de anclaje regional autonómico y el municipalista con importante contenido indígena.

Se aprueba la nueva Constitución de la República en 2008, luego de un proceso largo, complejo y conflictivo, en el que queda demarcado un proyecto de descentralización que tiene como eje dos elementos fundamentales: la constitución de un Estado plural, marcado por el énfasis plurinacional de su concepción (España, Bélgica, el Canadá, también lo son) y por un marco institucional de gobierno con cuatro niveles: nacional, regional, provincial, municipal.

La aprobación de la nueva Constitución -mediante plebiscito- le dio mayor legitimidad a la propuesta en detrimento de las otras dos. El marco legal en el que se asienta esta nueva propuesta se compone de un andamiaje jurídico compuesto por: la Constitución aprobada, una ley marco de la descentralización que se encuentra en debate, los estatutos autonómicos que deben a ser aprobados en cada uno de los nueve departamentos y la expedición de las cartas orgánicas municipales que serán redactadas y aprobadas en los 327 municipios que tiene el país. Las elecciones del 5 de diciembre próximo podrían sellar el pasaporte de este nuevo proyecto en detrimento de los otros dos.