Es poco el tiempo que la academia le dedica a debatir el tema de la participación social dentro de las políticas de seguridad ciudadana. Simplemente se la da por sentado como buena y necesaria, tanto desde lo público como desde lo social, sin hacer el menor ejercicio crítico o cuando menos analítico. La participación en las políticas de seguridad ciudadana empieza a plantearse con fuerza en América latina a través de la presencia de tres condiciones principales: Primero, el incremento incontenible de la violencia que termina por deslegitimar las políticas impulsadas y las instituciones que las llevan a cabo. Se la plantea como salida para la ineficiencia, el abuso, la poca transparencia, la escasa credibilidad y la mala imagen institucional; y debería mejorar las relaciones entre la policía y la justicia con la comunidad (control social); para lo cual se propone el modelo de policía comunitaria, la proximidad de la justicia y la búsqueda de apoyo social a las tareas institucionales (información). Lo segundo, tiene que ver con el hecho histórico de la caída del Muro de Berlín, que permitió el tránsito de la seguridad pública -que persigue el mantenimiento del orden público ante un enemigo interno- hacia a la seguridad ciudadana que busca el respeto al derecho ajeno y la convivencia interpersonal. Con este tránsito se pluralizan los actores institucionales (municipios) y sociales, así como existe un desplazamiento de la responsabilidad de la protección de la seguridad colectiva de la esfera pública hacia la ciudadanía y lo privado, lo cual significa una delegación a los propios individuos. De esta manera, la participación es para los pobres y la privatización para los ricos. Y el tercero; la presencia con fuerza de las estrategias de prevención comunitaria venidas desde fuera de la región, que buscan consolidar el control social formal e informal del crimen, en unidades socio-territoriales locales, a partir supuestamente de la organización comunitaria (fortalecer el capital social, a lo Putnam), de la presencia de la institucionalidad formal (policía comunitaria) o de campañas masivas (legitimidad), del desarrollo de instancias de mediación social (control de los conflictos), vigilancia (cámaras) y alerta (alarmas), y del desarrollo de la autogestión local. Esta búsqueda de la ciudadanía pérdida por parte de las políticas públicas de seguridad ciudadana, no es otro cosa que un apéndice del proceso de construcción del Estado gendarme que vive la región. La seguritización del conjunto de las políticas públicas –con el pretexto de la prevención- debe ir acompañada de la criminalización de lo popular. De allí que la sola posibilidad del control de la violencia por fuera de lo público pueda llevar a casos extremos de justicia por la propia mano, de linchamientos y a que la violencia social sustituya a la violencia legitima. Pero también a que se produzca cooptación, clientelismo, asistencialismo y vigilantismo. El Estado tiene entre sus funciones las de proteger a los ciudadanos que lo constituyen. Por eso la seguridad ciudadana no es otra cosa que la protección que debe recibir la población a través del funcionamiento de las instituciones y del fortalecimiento de las prácticas democráticas, del ejercicio de los derechos individuales y colectivos, así como de la exigencia al Estado de las garantías suficientes para la convivencia pacífica, armónica e innovadora.