El día sábado pasado -en la fría noche quiteña- se produjo un hecho lamentable: el asesinato bajo formas de linchamiento de un hincha de la barra del Nacional “Marea Roja” en manos de la barra de la Liga, luego del partido y en las inmediaciones del estadio en la zona de la Ofelia. En Buenos Aires, al mismo tiempo, se consumó un doble asesinato de “barras bravas”, pero en este caso de hinchas provenientes de un mismo equipo, por un problema de reparto económico interno.

¿Por qué esta comparación? Primero porque la escalada de la violencia alrededor del fútbol nacional logra crear un quiebre singular en el auge de la inseguridad: es el primer caso de confrontación extrema que conduce a la eliminación del otro, bajo la forma explícita de la presencia de “barras bravas”.

Y en segundo lugar, porque nuestro fútbol es tributario de la zona de influencia del Río de la Plata; vivimos la “foxbolización”: nuestros entrenadores, preparadores físicos, jugadores y cánticos de las barras son principalmente argentinos. En esa perspectiva, podemos decir que las “barras bravas” (concepto argentino que superó al de “Barras fuertes”) en Ecuador se encuentra en una fase anterior a las argentinas, donde las “barras bravas” se han constituido en entidades económicas y políticas cerradas (“clandestinas”), que tienen –incluso- una cierta autonomía frente a los clubes, porque sus motivaciones trascienden la identidad que les dio origen.

Si ello es así, debemos transparentar lo que está oculto. En el fútbol –como en la sociedad- hay una economía formal y otra subterránea; aunque desgraciadamente con primacía de la segunda y en la primera hay mucha hipocresía. Hoy los sponsors no se dirigen solo a los clubes sino también hacia las hinchadas, convertidas en actores privilegiados del espectáculo gracias a la televisión. Por ejemplo, 50 barras bravas de San Lorenzo tienen los pagos para ir a Sudáfrica 2010 con una bandera que lleva la inscripción publicitaria de una empresa de indumentaria deportiva y otra de refrescos…

Las barras bravas nacen con la internacionalización del deporte; en ese proceso asumen la xenofobia, el racismo y el nacionalismo; y se convierten en el complemento de autodefensa que los equipos requieren para sus movimientos. Allí nace la necesidad de financiar su desplazamiento, constituyéndose esta economía de la hinchada, que se nutre de fuentes santas, y no santas…

Históricamente la violencia en la cancha fue procesada mediante una institucionalidad fuerte y legitima (FIFA), una legislación compuesta por 17 reglas y la política del Fair play. Con ello se desplazó hacia los graderíos, pero luego fue controlada con la separación física de las hinchadas en el estadio, la distribución de los espectadores en lugares exclusivos, el uso de asientos numerados destinados a personas identificadas y las cámaras de video, entre otras. Hoy la violencia está en las afueras de los estadios, donde se confunde la violencia propia del fútbol con la violencia de la sociedad. Por eso es imprescindible un gran acuerdo alrededor de los actores principales, como fue lo que ocurrió con el “informe Taylor” de Inglaterra, que logró reducir sustancialmente la violencia de los hooligans. Se requiere una legislación antiviolencia en el deporte, una policía especializada en eventos masivos; hay que transparentar la economía del fútbol y establecer un pacto público y abierto entre la dirigencia, los medios de comunicación, la empresa privada, las barras y los jugadores.