El patrón de urbanización de América Latina -desde la postguerra mundial- se sustentó en dos elementos: las periferias populares con sus denominaciones de villas miseria, favelas, suburbios, pueblos jóvenes o barrios periféricos; y la metropolización.. Como resultado de este proceso se tuvo un crecimiento urbano con alta primacía urbana (macrocefalia) y con un desborde de sus límites físicos.

La conurbación trajo superposición de jurisdicciones territoriales como en México o Buenos Aires, y un desborde de la institucionalidad urbana que no permitió atender el crecimiento. De allí que se crearon múltiples problemas de coordinación entre las distintas administraciones municipales y provinciales, así como una falta de respuesta ante las crecientes demandas de la población.

Esta nueva realidad hizo pensar en nuevas formas de gobierno en las aglomeraciones metropolitano de América latina, donde predominaron cuatro posibilidades: la creación de una entidad supra urbana (Bogotá), el fortalecimiento de los mecanismos de mancomunidad (El Salvador), el planteamiento de criterios divisionistas (Santiago) o el fortalecimiento de la unicidad del gobierno (Quito).

En este principio de siglo nuevamente las aglomeraciones metropolitanas se convierten en centro de debate respecto de su gobernabilidad, porque el proceso de globalización les convierte en los anclajes estratégicos de la integración; justo en un momento en que la ciudad y su gobierno se empoderan, gracias a su conversión en actores con protagonismo internacional. Son gérmenes de las llamadas ciudades-Estado.

De esta manera las aglomeraciones metropolitanas se convierten en unidades complejas y grandes (metrópolis) y en unidades territoriales continuas o discontinuas, que buscan nuevas formas de gobierno. Pero no es fácil porque, en unos casos, el peso de la macrocefalia urbana, les puede convertir en un poder significativo de disputa con el gobierno nacional (Santiago y Chile) o en otros, no existe una cultura comprensiva que busque una reestructuración de lo público.

La experiencia indica que un gobierno metropolitano en la hora actual tiene que tener autoridades electas, recursos propios, competencias suficientes y legitimidad social. Si bien este planteamiento no se discute, a la hora de llevarlo a la práctica se tienen dos modelos claramente identificados: uno que apuesta por la vía mercantil y el otro que le asigna mayor peso a lo ciudadano (enfoque de derechos) y a lo público.

La ciudad del mercado parte de la crítica a lo estatal, por ineficiente y centralizado, y encuentra su salida en la privatización mediante empresas, fundaciones, corporaciones y concesiones. Hay un cambio en la relación entre el ejecutivo municipal y el concejo, así como en las formas de representación. El Alcalde pasa a llamarse gerente y en el presupuesto se priorizan las tasas. Ejemplos: Curitiva, Monterrey, Lima y Quito.

La ciudad de lo público es pensada desde la reingeniería del aparato municipal y de la concepción de la ciudad como espacio público. El alcalde asume la condición de jefe de Gobierno, porque el municipio tiene múltiples competencias (no solo servicios) y en lo económico privilegia los impuestos. Los casos emblemáticos son: México, Bogotá, Montevideo.