La prevención ha estado presente desde hace mucho tiempo en el debate de la violencia; primero, como parte de la pena, por considerarla disuasiva, y posteriormente, como una propuesta externa y anterior a la pena (Selmini). Y es esta última versión la que viene desde el exterior a la región y de manera reciente. Es una fuerte oleada que nos llega sin un análisis o evaluación y lo hace para mimetizarse en el ámbito de las políticas públicas.

La prevención de la violencia ha entrado con fuerza en las políticas de seguridad ciudadana en América Latina, en muchos casos más como discurso que como práctica, al extremo que se ha convertido en un relato encubridor de las acciones hegemónicamente represivas y privatizadoras, con lo cual deja de ser una filosofía de actuación para convertirse en un planteamiento puramente ideológico.

Existe la impresión que la prevención se ha vaciado de contenido producto, principalmente, del manoseo que se ha hecho de la palabra a través de la metamorfosis en la nominación de las políticas que tradicionalmente se han impulsado: hay policías preventivas, como también una prevención que fortalece la organización social (prevención comunitaria), la que pone alumbrado público en una calle, poda árboles o recoge basura (prevención situacional) y que no se diga de la que crea fuentes de empleo o genera gasto social (prevención social). Son ejemplos en el cambio de los nombres en la acción policial, políticas urbanas, políticas sociales y políticas de empleo que normalmente se las realiza y que se las debe seguir haciendo independientemente de la necesidad de reducir la violencia. Pero adicionalmente las políticas preventivas tienen problemas conceptuales y, por lo tanto, de actuación pública, que están conduciendo a resultados poco significativos en la ejecución de sus acciones. Uno de ellos lleva a pensar la seguridad ciudadana como si fuera un “sector” que tiene particularidades y lógicas propias, cuando muchas de sus consideraciones no son manejables en su propio ámbito o territorio, por cuanto son absolutamente exógenas. En otras palabras, las llamadas causas del delito o los factores de riesgo son determinaciones anteriores y externas al fenómeno delictual, al extremo que incluso “superan la misma extensión de los Estados nacionales” (Pavarini).

Por otro lado, también se puede ejemplificar el problema real que existe respecto del sentido del tiempo: en esta corriente es ineludible la necesidad de identificar primero los fenómenos delictivos para, posteriormente, buscar explicaciones causales a los mismos; es decir, construir una mirada retrospectiva “hacia atrás” y “ex ante” de algo que se encuentra predeterminado. Por eso la importancia que esta visión le asigna a la contabilidad de los hechos delictivos que, en muchos casos, desgraciadamente se agotan en ellos mismos –porque no se los usa a la hora de definir las políticas– o en su defecto producen marcas, estigmas o temores que incrementa la violencia objetiva y subjetiva.

A pesar de las críticas que se le puede formular, no es posible negar el hecho positivo que la propuesta de prevención ha producido: permitir entrar de lleno al campo de las políticas públicas de seguridad ciudadana, porque para enfrentar el delito se requieren un conjunto de estrategias que rebasan las tradicionales aproximaciones desde lo estrictamente policial; en otras palabras, como se trata de atacar la llamada multicausalidad que conduce al delito, es imprescindible ir más allá de lo represivo y del control para atacar otras dimensiones, que la rebasan como sector en tanto no solo son más amplias sino distintas. Por eso se observa el requerimiento de otras áreas de intervención (social, urbana, económica) que requieren de un marco institucional público-privado más vasto que el tradicional proveniente de la triada: policía, justicia y cárcel. Es, en suma, una propuesta conducente a un desarrollo que abarca múltiples aristas y sustentado en la construcción del discurso de la “integralidad” y de la “coordinación”.

Sin embargo, es necesario afirmar que este hecho positivo ha tenido su contracara: la importante expansión de las políticas de seguridad ciudadana hacia las múltiples áreas de competencia estatal ha producido el fenómeno preocupante de la criminalización de la acción pública. La inversión social, la política urbana, la generación de empleo, los programas de educación social, están destinados a la reducción del delito y no a generar equidad y solventar los derechos de la ciudadanía.

Esta fuerte presencia de la seguridad en las políticas sectoriales y territoriales ha conducido a la criminalización de ellas, con lo cual se las desnaturaliza y, lo que es más grave, por este proceso empieza a primar en el Estado el sentido de que la seguridad controla todo; con lo cual estaríamos en la transición del Estado de Bienestar al Estado Gendarme.

De allí que el contenido de este número 6 de la Revista Urvio –sobre “prevención”– planteé la necesidad de debatir y cuestionar algunas “verdades” alrededor de este tema, que muy rara vez se ponen en duda, entre las que sobresalen las tres siguientes: • En el conocimiento del delito su punto de partida es la causalidad proveniente de la perspectiva teórico-metodológica de la “etiología”, encarnada por la “epidemiología” y los llamados factores de riesgo, con lo cual no se visibiliza su origen social, histórico, relacional y estructural. • En las políticas, el uso ideológico que se hace de la prevención, lleva a velar lo que en realidad son los tres elementos hegemónicos de las acciones actuales contra la violencia: la privatización, el control social y la represión, propios de las causas finales (teleología) presentes en el sentido punitivo que contiene el binomio delito-pena; y • En la necesidad de empezar a debatir políticas alternativas de seguridad ciudadana, en el entendido de que nuevas instituciones y políticas son necesarias, siempre y cuando en su comprensión se superen las visiones tecnocráticas y se incorporen las variables políticas, económicas, sociales, culturales y tecnológicas, entre otras.

Impulsar el debate y la necesidad de develar el carácter ideológico de las políticas de prevención, como salida aparente a la lógica de la realidad penal, es un imperativo porque en realidad lo que se está aplicando son políticas represivas venidas de la lógica penal solo que encubiertas bajo un ropaje de cordero. Por eso es necesario superar este estado de cosas, para lo cual es imprescindible interesar a los operadores académicos, técnicos y políticos de ir más allá de la crítica para empezar a construir una nueva visión y nuevas políticas para enfrentar el fenómeno de las violencias en América Latina. ¡Otra política de seguridad ciudadana es posible y, además, ineludible!