En estos días el país ha visto el incremento de los linchamientos en el ámbito rural, todos ellos profusamente transmitidos por los medios de comunicación. Una primera cuestión que llama la atención es que la televisión llega antes que la policía, con lo cual la plaza pública amplía su horizonte y el fenómeno se deslocaliza, adquiriendo una nueva dimensión: los impactos son nacionales y en distintos ámbitos. Es más, en una coyuntura como la que se vive, el debate lo politiza.

Inicialmente se debería decir que hay tres fenómenos similares pero distintos: el fenómeno “fuente ovejuna”, donde existe una masa organizada que se enfrenta violentamente a una autoridad por ineficiente o corrupta (Ilave); el “linchamiento” propiamente dicho, donde un hecho infraganti (delito o accidente de tránsito) produce la ira colectiva; y finalmente, la problemática de la “justicia indígena” que parte de una visión de sanación (por eso el agua, la ortiga y la plaza) y no del castigo ante el delito.

En la realidad ni el código penal, ni los académicos, ni los periodistas hacen esta importante distinción, produciendo una lamentable confusión que tiene efectos importantes: todo acto de violencia colectiva termina siendo –por prejuicios étnicos o por intereses políticos- parte de la llamada justicia indígena; más si el hecho es producido en la ruralidad o en una comunidad originaria. Y la verdad no es así. ¿Se podría endilgar como “justicia mestiza” a los hechos de linchamientos que se producen en las ciudades grandes del país?

No se puede negar que en estos últimos tiempos han crecido los linchamientos y los actos de justicia indígena en el país. En este segundo caso han crecido los juicios debido a los cambios constitucionales que reconocen el derecho consuetudinario y el pluralismo jurídico. Se trata de procesos que respetan las prácticas ancestrales dentro del régimen constitucional vigente y, por tanto, nada tienen que ver con los actos de barbarie que se les endilga. Es más, en la justicia indígena no existe el sentido del castigo.

El tratamiento que han dado los medios de comunicación a este tipo de justicia no se ajusta a la realidad; por el contrario, sus opiniones han estado revestidas de un racismo y etnocentrismo inaceptables. Adicionalmente y malintencionadamente se le ha dado un cariz político por el proceso electoral que se vive y por la nueva Constitución aprobada. Primordialmente son ciertos periodistas de televisión los que han querido denigrar la nueva Constitución, haciendo pasar por justicia indígena lo que es exclusivamente un linchamiento. ¿Se puede afirmar que es justicia occidental el sicariato, el secuestro o todas las formas de violencia que operan como formas de resolución de los conflictos? Definitivamente no. Así mismo, los hechos de violencia realizados en las comunidades indígenas no pueden ser considerados propios de su justicia.

Lo que si queda claro es el incremento de los linchamientos. Aquí se puede ensayar una triple explicación hipotética: la primera, el descrédito que tienen las instituciones dedicadas a garantizar la protección de la población (policía, justicia). La segunda, la difusión espectacular e intencionada que hacen ciertos canales de televisión produciendo el llamado “efecto realidad”. Y la tercera, la generalización de una política de seguridad ciudadana que hace que el temor se desarrolle por la población y que la seguridad se tome toda la acción estatal.