Los presupuestos de la seguridad ciudadana son el resultado de los acuerdos políticos que se forjan en los parlamentos nacionales o locales y evidencian las características del marco institucional, las políticas aplicadas, la transparencia y las prioridades asignadas. Es tal la importancia que se podría afirmar que lo que no está en el presupuesto no existe o no se hace. El presupuesto de la seguridad nacional está a cargo del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, pero en el caso de la seguridad ciudadana no existen instituciones específicas que impulsen esta política. Lo que hay es una institucionalidad difusa donde varios órganos estatales intervienen con políticas mixtas de seguridad pública y seguridad ciudadana. Una situación como la descrita conduce a la existencia de un presupuesto poco transparente que dificulta el monitoreo y la rendición de cuentas. Aún más: los presupuestos de la seguridad ciudadana son manejados con sigilo, dado que prevalecen las políticas de seguridad pública donde persisten las visiones del enemigo externo e interno. Los presupuestos representan un tipo específico de orden institucional, con sus aparatos y políticas; y lo hacen en la medida en que el gasto se destina a organismos particulares que tienen fines particulares. Aquí surge un primer problema: América Latina tiene un marco institucional de seguridad ciudadana en construcción, en transición y poco claro. La Policía en muchos casos no está especializada unicamente en seguridad ciudadana; la Justicia trata temas no exclusivamente penales; los municipios velan por el urbanismo en su conjunto y la seguridad privada recibe subsidios, contratos y exenciones. También es difícil desentrañar cuánto de la inversión social se destina a la seguridad. Se observa un significativo crecimiento de los presupuestos destinados a la seguridad ciudadana, comparándolos con el Producto Interno Bruto o el presupuesto total. Sin embargo: ¿la mayor asignación de recursos asegura una disminución de la criminalidad real? Caramente no, porque el aumento de los presupuestos no ha ido de la mano con la disminución de la criminalidad. Es decir que con el presupuesto se puede medir la eficiencia y la calidad del gasto. La Policía y la Justicia son los ámbitos institucionales que crecen en mayor proporción dentro del gasto en seguridad ciudadana, lo cual refleja el enfoque y concepto de seguridad asumido: seguridad pública y control. Eso significa que la prioridad en términos de política pública se enfoca a la represión, lo cual, si se contrasta con las cifras de criminalidad, la evaluación de ésta política no es la mejor. Es decir que los presupuestos hacen explícita la “política de seguridad” en la medida en que la asignación de los recursos da cuenta de la forma en que los gobiernos definen cuáles son los temas prioritarios y muchas veces cómo los destinan. En otras palabras, los presupuestos reflejan la prioridad temática, la eficacia de la inversión y los modelos de política de seguridad ciudadana adoptados, entre otros. El análisis del presupuesto a partir de diferentes ejes como cantidad y calidad del gasto asignado, el destino institucional y la capacidad de ejecución, entre otros aspectos, permite medir la eficacia y eficiencia de las políticas institucionales.