La violencia se ha convertido en uno de los temas principales del debate académico y político, posicionándose significativamente tanto en la agenda pública como en la agenda política de América Latina. Sin embargo, existe gran preocupación respecto a lo poco que se conoce, al extremo que se convierte en una necesidad ineludible comprender el fenómeno en su conjunto –en cada contexto histórico– marcado por la alta criminalidad, la inseguridad y las políticas ineficaces.

Como punto de partida, es necesario hacer una primera precisión conceptual respecto a la violencia; por un lado, no debe ser entendida como una patología social captada a partir de ciertos eventos calificados como delitos, que vienen de los llamados factores de riesgo o de sus múltiples causas, sino de las relaciones sociales particulares del conflicto que nacen de una compleja construcción social y política (Sozzo, 2008). La violencia se expresa a través de diferentes dimensiones (política, estructural, simbólica y cotidiana) y adquiere sentido a partir de los contextos particulares en los que se produce, dando cuenta de su carácter multifacético (Bourgois, 2005).

Y por otro lado, la criminalidad y los delitos hacen referencia a aquellos actos violentos que se encuentran considerados y tipificados por la ley penal (contrato social), y asumidos por ciertos actores estatales (Policía, Justicia) y no estatales. En otras palabras, violencia y delito (criminalidad) no son símiles, en tanto el primero desborda porque contiene al segundo.

La comprensión de la distinción entre violencia (objetiva y subjetiva) y criminalidad (real y manufacturada) –en el contexto de las interacciones económicas, políticas, culturales y sociales que forman los ámbitos históricos de la seguridad ciudadana– miradas no desde el delito o el evento aislado (un hecho) sino desde los procesos estructurales donde se manifiestan, permite situar los contenidos del presente libro: costos de la violencia, presupuestos de la seguridad ciudadana, cooperación internacional y privatización de la protección.

Y aquí otra precisión conceptual. La seguridad ciudadana no es sinónimo de seguridad pública, aunque en la práctica se las confunda conscientemente, al extremo de buscar neo enemigos (pandillas, narcotráfico, tratas), construir lógicas de combate (estigmas, guerras, ausencia del derecho del ofensor) y producir un discurso ambivalente ante la población.

Mientras la seguridad pública busca la defensa del orden público estatal frente a un enemigo interno (amenaza) y tiene un marco institucional nacional con características represivas (Policía, Justicia y cárcel), la seguridad ciudadana se refiere a la necesidad de mantener y potenciar las relaciones interpersonales en el marco de la ley y la cultura, expresadas en el respeto al derecho ajeno bajo la norma, para lo cual tiene presencia un conjunto de instituciones públicas (Municipio, Justicia, cárcel) y sociales (universidades, medios de comunicación, defensores de derechos humanos). Allí radica la condición ciudadana de la seguridad: los derechos y deberes individuales y colectivos de la población en el marco de un Estado que debe garantizarlos.

De estas “confusiones” de la criminalidad como sinónimo de violencia y de la seguridad pública como símil de seguridad ciudadana nacen algunos elementos positivistas respecto a cómo se construye el conocimiento de este objeto y cómo se diseñan las políticas públicas (¿sector seguridad?). Los resultados que se tienen son políticas hegemónicas y pretendidamente universales –propias del pensamiento único– que no aceptan disidencias a pesar de su ineficacia en la reducción del delito; tanto así que las tasas de homicidios han crecido,3 la percepción de inseguridad ha aumentado, la victimización se ha incrementado y la legitimidad institucional ha caído.

Definiciones como las señaladas no deben circunscribirse solo al análisis de las cuestiones legales o epidemiológicas del fenómeno, sino que existe la imperiosa necesidad de abrir la posibilidad de captar el objeto desde nuevas y múltiples dimensiones, en las que tengan cabida los actores, las tecnologías, los comportamientos, la política, la trayectoria histórica y los aspectos económicos, entre otros.

También es imprescindible realizar estudios de desempeño institucional o de transparencia en el uso de los recursos económicos, para mostrar (in)eficacias, (in)consistencias e intereses. Además, se requieren investigaciones, monitoreos y evaluaciones respecto del origen y cualidades de las “lecciones aprendidas”, las cuales, sin embargo, son exportadas hacia otros contextos sin beneficio de inventario, porque muchas de ellas no resisten el menor análisis. De esta manera, la identificación de los “casos exitosos” en la región y fuera de ella han terminado en la exportación de los mismos, conduciendo a un escenario donde no solo se producen “viajes culturales” (Sozzo, 2008) entre regiones mundiales (de las experiencias del “norte” hacia América Latina), sino también dentro de la misma región.

Una de las características fundamentales para aproximarse al conocimiento del fenómeno de la violencia ha sido la unilateralidad –a pesar de reivindicar la integralidad– a partir de la recurrencia y centralidad asignada a ciertos temas, fuentes e instrumentos, así como al peso asignado: al delito sobre la violencia, a lo operativo sobre lo trascendental, a lo empírico sobre lo teórico, a la víctima sobre el victimario, a la violencia sobre el desempeño institucional y a las políticas represivas del gobierno de la seguridad, entre otras.

Por eso, con este libro se quiere aportar y llamar la atención acerca de la necesidad de buscar otros caminos para comprender la violencia (barajar y dar de nuevo) a partir de la incorporación nuevos temas (recurso metodológico) subsidiarios de otras disciplinas del conocimiento como la etnología, la historia, la antropología, la ciencia política y la sociología, entre otras (Carrión, 2008), y también de nuevos instrumentos de producción de la información cuantitativa y cualitativa, en el entendido de que hay que desarrollar nuevas concepciones.

No es posible seguir estudiando la violencia a través de la Policía como si ella fuera la instancia principal de la contención del delito (¿prevención?) y dejar por fuera, por ejemplo, las determinaciones económicas y políticas del delito. Si la motivación del delito es económica o política, ¿por qué no afrontarla en esos ámbitos? De igual manera, ¿por qué criminalizar la pobreza en sus distintas versiones –nunca probadas y siempre afirmadas– de la falta de empleo o de la polarización social que llevan a la estigmatización del delito popular?

Tampoco es posible continuar con la compilación de información ad infinitum de los eventos, a través de los llamados observatorios de la violencia, con la poca utilidad que tienen a la hora del diseño de las políticas de seguridad, puesto que se confía más en los “casos exitosos” –venidos de la cooperación internacional y con recursos económicos– que en las propias cifras producidas (soberanía del delito).

En este caso, interesa hacer un acercamiento a la violencia y la seguridad ciudadana no desde las ópticas clásicas y tradicionales venidas del derecho de la víctima, que se han anclado con fuerza a todos los niveles, sino abrir nuevas entradas que permitan conocer los contextos desde donde viene la violencia y de cómo se construyen las políticas. En esta línea, el libro gira en torno a nuevas entradas temáticas que permiten ampliar el debate sobre la violencia y las políticas de la seguridad ciudadana en América Latina. Pese a las diferencias políticas presentes en los autores, las reflexiones realizadas sirven como un insumo para empezar a debatir las preguntas que hacemos en el presente texto. Se trata de cuatro entradas relativamente inéditas, que dan cuenta del carácter centralmente político y económico de las condiciones de la criminalidad y sus políticas de seguridad ciudadana.

Así, esta publicación tiene por objetivo: incorporar nuevos temas y aproximaciones teóricas en la discusión del entramado de la violencia y la seguridad ciudadana, superando el énfasis puesto en el “panorama criminal”, para dirigirse hacia las relaciones cotidianas que delinean la violencia y hacia los actores que disputan la definición de las políticas, sus campos y lógicas de acción; por lo tanto, para develar el carácter político y económico que marca la violencia y la seguridad ciudadana.