El Gobierno Nacional estableció un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana al que le dotó de 330 millones de dólares para ser destinados a distintos proyectos, bajo una propuesta preventiva. En ese contexto llegaron al país 30.610 armas Glock, modelo 17 y calibre 9x19 mm. Algunas cuestiones llaman la atención de esta importación.

La primera tiene que ver con la afirmación del Ex Ministro de Gobierno y Policía, Fernando Bustamante; que dijo que el problema de la violencia en el país es más de percepción (violencia subjetiva) que de hechos delictivos ocurridos (violencia objetiva). Si ello es así, esta compra de armas no va en la línea del diagnóstico del Ex Ministro, porque es difícil combatir la percepción de inseguridad con armas.

La segunda, una dotación de armas con estas características está destinada a los grupos de élite que tienen que enfrentarse con “enemigos internos” provenientes del narcotráfico, terrorismo y crimen organizado; delitos poco presentes en el país y que tienen presencia en otras realidades distantes a las nuestras. Aquí se debió comprar una dotación de armas para una policía de proximidad y de respuesta temprana (comunitaria), como es el caso del calibre 38. ¿El arma es el último recurso policíal?

La tercera debe ser enfocada desde la inadecuación de las armas al objetivo preventivo del plan que, con esta adquisición, pone la carreta tras los bueyes; porque se debió adquirir las armas en consecuencia a sus objetivos, a la policía de proximidad y al tipo de delitos que se quiere perseguir. Además no es necesario tener un solo tipo de arma si no una variedad de ellas, en función de los delitos existentes.

La cuarta tiene que ver con el hecho objetivo de la asimetría tecnológica existente. Mientras la población civil que tiene permiso para el porte de armas llega a una cantidad superior a las 130.000 armas, la que no tiene registro alguno es de 300.000. Esto significa que en el mejor de los casos la policía llegará a tener el 10 por ciento del total de armas existentes en el país. Aquí surgen algunas preguntas: ¿No será mejor entrar en una campaña de desarme que en una carrera armamentista? ¿Cuál es el rol de las armas en manos de la guardianía privada? ¿Quién controla los mercados ilegales de armas? ¿Quién vigila la producción nacional?

La quinta va en relación con el hecho de que ahora la proporción armas por policía es de uno a uno. Antes de esta importación la policía tenía 13.000 armas y hoy con esta importación pasará a tener 43.000; es decir, el mismo número de policías. Sin embargo, lo que ocurre es lo siguiente: un poco más del 20 por ciento del personal tiene actividades que no requieren de esa tecnología, por cuanto están en tareas de oficina, capacitación e inteligencia (laboratorio, ojos de águila), entre otras. ¿Será que vamos a seguir en la línea de incrementar más efectivos policiales? El Ecuador tiene una tasa de policías más alta que Chile.

La sexta esta vinculada a la necesidad de que los policías cuenten con una capacitación acorde a las armas, a la filosofía del Plan y a los tipos de operativos. Un policía para usar esta arma debe disparar un mínimo 1.000 tiros, en contextos adecuados y a blancos de simulación para la disuasión y no para la eliminación. Se calcula en no menos de 8 millones de dólares este rubro. ¿Está prevista este presupuesto y el tiempo necesario para la formación?