La tradicional seguridad ciudadana se sustenta en tres instituciones que operan en sistema: policía, justicia y cárcel, donde cada una cumple una función específica. Si una falla, el sistema falla; si la justicia pierde eficiencia, la policía y la cárcel se afectan, siendo causa y efecto de más violencia.

La cárcel tiene dos funciones: la disuasión, para inducir a no cometer delitos y la rehabilitación y reinsersión de presos a la sociedad. Sin embargo, la cárcel perfecciona y reproduce la violencia –como capital social negativo- bajo la llamada “universidad del delito”. La reincidencia y la nula reinserción lo confirman.

El país tiene 35 cárceles que albergan 12.000 internos/as. Este dato cotejado con la capacidad carcelaria, permite concluir que la densidad de la población es el doble de la norma internacional (que es de 20 metros cuadrados por cada interno/a), aunque los recintos penitenciarios de Quito y Guayaquil presentan niveles superiores.

Según los datos de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, en 2002 el número de internos/as era de 8.723 y en 2003, 9.426, lo cual muestra un incremento anual del 8% anual. En 20 años, la población carcelaria se duplicó y la tasa de homicidios pasó de 6.4 a 14. 8 homicidios por cada cien mil habitantes. Es decir, la violencia sigue aumentando rápidamente a pesar del incremento de las detenciones. Por otro lado, el populismo carcelario que pretende inflar las penas, demanda nuevas cárceles.

La situación legal de las personas detenidas revela otro ángulo del régimen penitenciario. En 2003, más del 64% presos/as se encontraban en espera de juicio; de los cuales el 10% no tuvo asistencia legal, debido a que la funcionarios judiciales son limitados en logística y en número de abogados (32 defensores públicos para todo el país). La alimentación es inadecuada, ya que se asignan (75 centavos de dólar por preso diariamente) y por las condiciones de preparación. La atención médica es elemental (42 médicos) y laboran solo 130 rehabilitadores sociales y ningún psiquiatra.

En la cárcel se ejerce una violencia de Estado, directa e indirectamente. La Penitenciaría del Litoral es un caso emblemático: en el último año han muerto más de 25 personas. Fue diseñada para 1.200 internos y hoy cuenta con 4.000 internos. Este no es un caso aislado, sino la norma. Estas situaciones pueden conducir, según la Federación de Trabajadores Penitenciarios, a una paralización de las cárceles. Así, el sistema carcelario sigue al patrón del país: para contar con recursos se recurre al paro, institucionalizándose así la violencia para procesar los conflictos.

En resumen, las cárceles no cumplen su función y el trato que reciben las personas recluidas es contrario a los derechos humanos.

Hay que asumir el problema de manera integral: revisar el código penal para encontrar penas alternativas; reformar al Código de Procedimiento Penal que permita una debida aplicación del proceso, reformas a la Policía para que cumpla su rol preventivo y corregir a fondo el sistema carcelario. Si no se diseña una política pública del sistema penitenciario la violencia seguirá creciendo.