A fines de la década de los años ochenta, empieza a debatirse en América Latina sobre el papel de la Policía en la reducción de la violencia. En el país, este debate es más reciente y poco perceptible. El retorno a la democracia, el cambio de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, la reforma del Estado y el incremento de la violencia exigen otro modelo policial y no exclusivamente el incremento de recursos económicos o policiales.

El retorno a la democracia -en el contexto histórico de la caída del muro de Berlín- clarifica la función de las policías en el ámbito civil y de la justicia, y establece la distinción de su papel con el de la seguridad nacional (defensa de la soberanía nacional frente al enemigo externo) y la seguridad pública (defensa orden público-estatal que genera el enemigo interno), al ubicarla en el campo de la seguridad ciudadana (defensa de la convivencia y la tolerancia). Esto significa que la Policía Nacional debe distanciarse de la misión de las Fuerzas Armadas y de su condición militar para asumir su función en la seguridad de la ciudadanía.

La reforma del Estado impacta en el proceso de transformación de la Policía: la privatización introduce la lógica de la seguridad privada con la presencia de una guardianía que opera más por la ganancia que por la seguridad. En el Ecuador hay cerca de 600 empresas de guardianía privada, de las cuales la mitad opera de manera informal y, las que están registradas no tienen un seguimiento adecuado. Hoy en día sus efectivos duplican a los de la Policía Nacional. El otro elemento es la descentralización. Cada vez cobra más fuerza la idea de constituir policías locales con competencias que vayan más allá de las que tienen las policías municipales, en unos casos constituyendo nuevas (Guayaquil) y en otros apoyándose en las existentes (Quito).

En este contexto se produce un incremento de la violencia y de la percepción de inseguridad, que llevan a la pérdida de legitimidad, entre otras, de la institución policial por corrupción e ineficiencia.

Este conjunto de situaciones no se resuelven a través del incremento del presupuesto para que la Policía obtenga supremacía tecnológica y humana frente al crimen (monopolio de la fuerza). En estos cinco años, el presupuesto policial se triplicó y la violencia siguió creciendo, lo cual muestra la necesidad de mejorar la calidad del gasto y de cambiar la estrategia.

La Policía debe ser pensada en las relaciones con la justicia, la cárcel y la sociedad civil. La legitimidad perdida debe ir de la mano de la eficiencia y transparencia en el cumplimiento de su función. Se requiere una reforma y modernización de la institución policial que permita su subordinación al poder civil, el ejercicio del monopolio de la fuerza, la restitución de su poder público y que cada institución haga lo que le corresponde. Hay la necesidad de un acercamiento a la comunidad para mejorar su imagen, para establecer ámbitos de colaboración y para que la Policía se ciudadanice. Hay que profesionalizar y dignificar al policía. Se debe especializar en tipos de delitos y en fases del proceso.