El presupuesto del sector público se define, por un lado, de acuerdo a las relaciones de poder que, finalmente, se expresan en las políticas públicas. Esto significa que el presupuesto es producto de la correlación de fuerzas entre actores que intervienen en la definición de prioridades del ingreso y del gasto. Por otro lado, el presupuesto también constituye un mecanismo para transparentar ingresos y egresos, es decir, para rendir cuentas de lo actuado.

¿Es este el caso del presupuesto de seguridad ciudadana? ¿Existe un presupuesto de la seguridad ciudadana?

En relación a estas interrogantes es necesario señalar que a diferencia, por ejemplo, del manejo de la seguridad nacional, que está a cargo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, en el país no existe una institución específica que desarrolle las políticas de seguridad ciudadana. En este último caso, existe un marco institucional difuso, dentro del cual varios órganos estatales intervienen con políticas directas e indirectas. Una situación como la descrita conduce a la existencia de un presupuesto de la seguridad ciudadana poco transparente, que dificulta la rendición de cuentas y el monitoreo.

Hay que añadir que los presupuestos de la seguridad ciudadana son manejados con mucho sigilo, dado que aún prevalece la Ley de Seguridad Nacional y persiste una visión militar de confrontación con un enemigo interno. Con ello queda claro que todavía no se define la transición de la seguridad pública (defensa del orden estatal frente a un enemigo interno) hacia la seguridad ciudadana, entendida como la búsqueda de la tolerancia y la convivencia ciudadana.

Los recursos del presupuesto son de orden nacional y no incorporan el principio de las transferencias hacia unidades subnacionales. En la distribución de los recursos también se puede vislumbrar el peso de las políticas represivas en desmedro de las de prevención. Existe una reducción relativa de los recursos para las políticas sociales mientras que, contradictoriamente, se incrementan para la policía y la justicia. Entre el año 2000 y el 2005 el presupuesto de la Policía se triplicó; el de la justicia se duplicó y el presupuesto del sistema carcelario escasamente aumentó. El gasto policial crece más notoriamente debido a que la Policía representa un actor fuerte frente a otros, no sólo por poseer el monopolio de la fuerza, sino también porque la población exige un aumento de su presencia y cobertura. Este aumento presupuestario, dirigido principalmente al fortalecimiento de las fuerzas del orden público, también se debe a que no existe una estrategia nacional de seguridad ciudadana diseñada desde un poder civil superior.

A pesar de este crecimiento de los recursos presupuestarios para la seguridad la violencia sigue aumentando, lo cual conlleva a pensar en la necesidad de mejorar la distribución del gasto entre las políticas de prevención y las de control, así como al interior de las estrategias de control: justicia y rehabilitación.

Es el momento de iniciar el debate sobre el presupuesto de la seguridad ciudadana con la fuerza que el tema amerita, porque allí se definen las políticas, allí sabremos cómo se está gastando y, sobre todo, porque una buena política de seguridad ciudadana puede ser parte de una buena política macroeconómica.