En estos días el tema de la justicia ha saltado a la palestra a raíz de la multitudinaria marcha organizada en la ciudad de Guayaquil , con la finalidad de exigir a las autoridades el control de la violencia a través de dos demandas concretas: la reorganización laboral de la fiscalía debido a los problemas de corrupción detectados alrededor del carrusel de presos de la cárcel y de la necesidad del incremento de penas como mecanismo de persuasión a los delincuentes.

En otras palabras, las demandas de la población se han dirigido hacia dos ámbitos concretos y sensibles de la justicia penal: hacia el procedimiento penal y hacia el derecho penal. Esto es, dos de los componentes centrales de cualquier propuesta de mejoramiento de la seguridad ciudadana en cualquier lugar.

¿Cómo han reaccionado la fiscalía y el gobierno nacional frente a estas demandas? Lo han hecho de manera primaria y bajo formas populistas que no resuelven nada en el mediano y largo plazo: despedir a varios fiscales definidos como corruptos e ineficientes para reemplazarlos por otros y hacer una propuesta de reforma al Código Penal que contempla el incremento de las penas de manera considerable, que los menores de edad sean tratados penalmente como adultos y permite la suma de las penas.

¿Con ello se reducirá la violencia en el país? Definitivamente no. En el primer caso, solo se reemplazará un fiscal por otro, dejando la estructura de la justicia inalterable, con lo cual en un plazo relativamente corto tendremos el mismo problema. Es necesario entrar en una reforma del procedimiento penal, de tal manera que la justicia pueda aplicarse de manera eficiente al conjunto de la sociedad y no exista un acceso diferenciado según recursos económicos o poder político. Por otro lado, el tema de la eficiencia del incremento de penas en la reducción del delito ha sido altamente debatido a nivel mundial. En general, existe un consenso de que esta no es la mejor vía, porque conduce al mayor hacinamiento en las cárceles y a que los únicos beneficiarios sean los capitales privados invertidos en los reclusorios. Lo que se debería reformar, por un lado, es el campo de las instancias prejudiciales y de las contravenciones y, por otro, las sanciones alternativas y la rehabilitación.

Es imprescindible que exista relación estrecha entre derecho penal y procedimiento penal para que no ocurra que de los 335 delitos tipificados en el código penal solo se persigan el 10% que son básicamente aquellos que la cooperación internacional define como prioritarios. Esto significa que no hay una correlación entre los delitos que se cometen en el territorio nacional y las penas o, en otras palabras, no se atacan los delitos más comunes en el país.

La debilidad de la justicia es evidente: escasa legitimidad institucional, incremento del acceso diferenciado a la justicia y justicia por mano propia (privatización), entre otros Se trata, entonces, que la justicia se convierta en un derecho universal de la población