Vivimos una época en la que se busca imponer un pensamiento único en todas las esferas del quehacer humano, y el ámbito de la seguridad ciudadana no es la excepción. Existen autores y funcionarios que piensan que no hay – y que no deberían haber - diferencias en las políticas que se vienen aplicando; tan es así, que se llega a afirmar que hay una carencia total de propuestas progresistas, y por lo tanto, también de propuestas conservadoras, puesto que a la hora de la aplicación de las políticas, no se distinguen unas de otras. Sin embargo, cuando se analiza con detenimiento, sí se pueden encontrar notables diferencias. En términos generales, las políticas conservadoras van en la línea de la fuerza (policía), de los valores (control) y del orden (stablishment); y las progresistas apuestan a los derechos (un derecho y no un servicio que debe ser pagado), a la deseguritización (más ciudadanía) y a la prevención (no la represión). Un punto de partida para entender lo mencionado, es que toda política –como su nombre lo indica- es política; y ésta en términos de seguridad ciudadana se construye a partir de una hegemonía proveniente de una correlación de fuerzas. Para ilustrar esta afirmación veamos ejemplos de actores institucionales y de ciertos delitos. Los actores institucionales. En este ámbito el corte viene dado por lo público y lo privado; es decir, por la reforma del Estado. Mientras las políticas conservadoras, por razones ideológicas, plantean la privatización y la desregulación; las progresistas apoyan el fortalecimiento institucional público para que garantice la convivencia interpersonal. En el caso de la policía, las políticas conservadoras plantean la entrega de más recursos para el control y la represión del delito; mientras las progresistas formulan la reforma policial por la vía de la desmilitarización, la transparencia y la prevención (inteligencia, comunitaria). Con la justicia, la primera exige mayores penas para ciertos delitos, como son la pena de muerte, la cadena perpetua o la reducción de la edad de los delincuentes; por otro lado, la segunda cree en la despenalización y en la definición de penas alternativas. Respecto de las cárceles, la derecha exige la construcción de nuevas infraestructuras carcelarias privadas, y el progresismo las políticas de rehabilitación y reinserción. Los tipos de delitos. Así como hay visiones contrapuestas por actores institucionales, también las hay por delitos. Si en el Ecuador se persigue el narcotráfico y el terrorismo bajo un enfoque específico, es porque existe una subordinación explícita de las políticas nacionales a las de la cooperación internacional. Basta comparar los índices delictivos y la composición de las prisiones para comprender la asimetría de la ecuación. El ejemplo de las pandillas globales (Latin King o Maras) es aleccionador: las políticas conservadoras tratan a estos grupos desde el punto de vista migratorio en el país de destino, mientras son considerados enemigos internos –propio de la guerra fría y de la seguridad pública- dentro de las naciones de origen (Honduras y El Salvador, con regímenes derechistas). Frente a estas posiciones hay una visión progresista en España –más concretamente en Cataluña- con una propuesta de integración y de no exclusión a estos grupos juveniles. Lo que ocurre es que la seguridad ciudadana es un concepto polisémico, al igual que lo es la democracia, el desarrollo o la descentralización; es decir, existen distintos conceptos que llevan a distintas políticas.