En estricto rigor, la violencia no debe ser entendida como si fuera un genérico por la existencia de una pluralidad de las mismas. Igualmente se podría afirmar respecto de una de ellas en particular, la llamada “violencia escolar”, debido al conjunto de manifestaciones con las que se presenta y a la diversidad de situaciones que tiene. Este punto de partida es fundamental porque las políticas diseñadas tienen que atacar las relaciones, motivaciones y lógicas particulares con las cuales se van configurando y expresando.

Si bien no hay muchos estudios sobre este tipo de violencia, sí existe un cierto consenso entre los estudiosos para clasificarla bajo las siguientes dos perspectivas analíticas: la entendida como la violencia de la escuela y la definida bajo los parámetros de la violencia en la escuela.

La primera hace referencia a los sistemas pedagógicos tendientes a la disciplina y al adoctrinamiento que impone la institucionalidad a través de los llamados procesos civilizatorios (“la letra con sangre entra”); por ello, se podría afirmar que se trata de una violencia estructural que es consustancial al sistema educacional. Por esta razón, existe un bajo nivel de denuncia en tanto este tipo de violencia es “legítima”, lo cual conduce a que muchas de sus manifestaciones no sean consideradas delitos, al no estar tipificados en el código penal. Sin embargo, hay ciertos “excesos” que van más allá del umbral de legitimidad para convertirse en hechos considerados como violentos.

Y la segunda se refiere a los hechos que se suceden al interior de los predios escolares y que provienen de tres tipos de relaciones sociales: la nacida de la relación de convivencia entre los alumnos (¿violencia estudiantil?) al interior de un mismo plantel (pugnas, asesinatos) o entre distintos planteles (identidades escolares); la producida por las pugnas que se presentan entre profesores y alumnos (agresiones, acoso, maltrato) y las que existen entre personas externas (padres) e internas al colegio (autoridades).

En un momento como el actual donde se percibe una importante crisis del sistema escolar, un incremento de las demandas por los derechos humanos y un crecimiento de las violencias generales, es comprensible la visibilización y el aumento sistemático del conjunto de las violencias de la escuela. A ello debe sumarse la espectacularidad con que ciertos medios de comunicación difunden los casos.

Frente a este tipo de hechos de violencia escolar se deben establecer políticas exclusivamente preventivas y tienen que venir desde los ámbitos señalados: por un lado, dentro del sistema escolar hay la necesidad de diseñar un nuevo modelo de organización educativa con nuevos métodos pedagógicos, contenidos curriculares y relaciones interpersonales. Y, por otro, también se deben establecer mecanismos explícitos respecto del entorno en el que se desarrolla: reducción de la posesión de armas en manos civiles, control del consumo de productos psicotrópicos, administración de los espacios circundantes a los centros educativos (bares, discotecas), manejo de la delincuencia juvenil (pandillas) y generación de oportunidades, entre otros aspectos.