El tema de la seguridad privada tiene una presencia relativamente reciente en el país y en América Latina. Paradójicamente hace su entrada de la mano del incremento de la violencia y de la reforma económica del Estado, a mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado.

La desregulación del Estado introdujo, no sólo en Ecuador sino a nivel mundial, las condiciones mínimas para la privatización de la seguridad y para el desarrollo expansivo del crimen organizado global (drogas, armas y trata de personas). Mientras el incremento de la violencia permitió justificar su existencia -ante el descrédito de las instituciones y las fallas del sector público por controlarla- el propio delito se modernizó y desarrolló raudamente.

Desde aquella época para acá se vive un crecimiento expansivo del mercado de bienes y servicios privados de la seguridad ciudadana. Según Frigo (2003)1 “En Latinoamérica, la seguridad privada es un sector económico en rápida expansión (…) En los últimos 15 años, como sector de la vida económica la seguridad privada ha ganado un lugar de relevancia tanto en el mundo como en nuestra región (…) El mercado mundial de la seguridad privada tuvo el año pasado un valor de 85.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual promedio del 7% al 8%. (…) En Latinoamérica se estima un crecimiento del 11%”.

Esta condición económica genera la presencia de un nuevo actor político que entra dentro de la seguridad ciudadana y lo hace desde una óptica distinta a la prestación del servicio: la rentabilidad de los capitales invertidos. En otras palabras, este sector penetra en la seguridad ciudadana desde una perspectiva absolutamente mercantil y ese solo hecho le otorga una cualidad inédita de actor relevante: por un lado, obtener ganancia compitiendo con el Estado, y por otro (si se tiene en cuenta que los efectivos de guardianía privada duplican en número a la Policía Nacional), constituirse en un actor político decisivo en momentos de seguridad pública, es decir, en la defensa del orden público interno.

Uno de los cambios trascendentales que introduce la oferta privada de seguridad tiene que ver con la mutación siguiente: pasa de derecho universal que debe ser garantizado públicamente, a ser una mercancía producida por un conjunto indiscriminado de proveedores públicos y privados. Es tan fuerte este mercado privado que –paradójicamente- el propio Estado tiene que demandar estos servicios; de modo que, la principal demanda de guardianía privada en el Ecuador proviene del propio sector público. Es más, con el proceso de concentración de capitales, como ocurre en todos los mercados, hoy este sector empieza a ser manejado por pocas empresas privadas, la mayoría de las cuales vienen desde fuera del país.

Así, la presencia del sector privado crea, primero, un mercado explícito y, segundo, una clara segmentación del mismo. De este modo, mientras unos sectores reciben buena seguridad, otros no pueden acceder a ella por los altos costos que tiene.

Con todo esto quedan tres preguntas centrales, primera: ¿Se ha mejorado la seguridad ciudadana con su presencia? Segunda: ¿Seguridad privada o privación de seguridad? Y tercera: ¿El orden público en manos de sectores privados externos?