El espacio de la violencia de género

Fernando Carrión Mena, FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Ecuador

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FLACSO Ecuador/Municipio Metropolitano de Quito

Abstract

La violencia no puede ser entendida como una patología social captada a partir de los llamados actores de riesgo o de sus múltiples causas; sino desde las relaciones sociales particulares que le dan nacimiento. Por eso la información que se construye a partir de ciertos indicadores no termina por revelar sus realidades profundas, ni tampoco permite entender la violencia en su pluralidad. En otras palabras la violencia es una relación social específica del conflicto, es plural y es histórica.

Esta afirmación se hace mucho más evidente cuando de entender la violencia de género se trata; debido a que es parte de un tipo particular de conflicto, construido a partir de la asimetría en las relaciones sociales de poder basadas en el género. Históricamente, desde hace no mucho tiempo –al menos en América Latina- empieza a ser socialmente reconocida como una violencia específica que tiene cualidades distintas y lo hace de la mano de la transición del ámbito doméstico y privado en el que se expresaba supuestamente exento de visibilidad- hacia el espacio público.

Tal reconocimiento se logra al momento en que la violencia de género es comprendida desde la óptica de la seguridad ciudadana, lo cual produce dos cambios importantes: por un lado, es entendida como un nuevo ámbito de los derechos de la población, en particular de los relacionados con los procesos de ciudadanización de las mujeres que les otorga la capacidad de reclamar la equidad en sus múltiples formas; y por otro, es comprendida en el escenario urbano, que tiende a superar el mundo doméstico para visibilizarse como parte del espacio público, eliminado la compleja dicotomía público-privado. En otras palabras, uno y otro están directamente vinculados al tema de la democracia, en términos del respecto a la diversidad y de la satisfacción de derechos.

La violencia de género, fundada en el derecho, está consagrada en una legislación que le es propia (Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia No. 103) y en otra que se presenta de manera transversal (Código Penal); pero también en el diseño institucional (Consejo Nacional de Mujeres - CONAMU) y en las políticas explícitas que han sido poco a poco conseguidas. Sin embargo, en la ciudad los fenómenos de violencia se presentan de manera diferente, en atención a la edad, a la condición étnica, a la situación económica y al género. Por ello diversidad y universalidad de derechos son dos caras de la misma moneda: la democratización.

La producción de la ciudad no está exenta de esta condición, como tampoco lo está la política; de allí que las dos provengan de las mismas raíces: polis y espacio público. Por ello, no acceder a la ciudad y a la política es una forma de segregación y por lo tanto de violencia. La lucha por las cuotas de género permitió la incorporación femenina a la política y, por lo tanto, a ampliar la representación social. No obstante, las demandas por ciudades más inclusivas es una asignatura pendiente; aunque es justo reconocer que en el área urbana es más factible cambiar los patrones inequitativos de género que en el sector rural, debido a que en el campo está más acentuada la división sexual del trabajo y los roles tradicionales de género.

Pese a esto, en el espacio privado urbano se ejerce violencia hacia las mujeres, la cual se reproduce en el espacio público con distinta connotación social. De manera que, el espacio de la violencia de género no solo se define por el lugar, sino principalmente por las asimetrías de poder que se ejercen en cada ámbito, sea éste privado y/o público.