Las políticas de seguridad ciudadana se hacen cada vez más complejas –entre otras razones– porque la violencia también se ha expandido. En este proceso, llama la atención el creciente desarrollo del componente tecnológico, lo cual ha levado a una disputa también en ese campo. Son tecnologías sofisticadas y de punta que se ponen al servicio de las políticas, muchas de las cuales se han generalizado significativamente.

Dentro de este proceso sobresale con peso propio los instrumentos de video vigilancia, que inicialmente estuvieron circunscritos al es-pacio privado (casas comerciales, bancos) para cumplir con dos fines explícitos: vigilar la calidad productiva y bajar los costos de producción por pérdidas internas y externas. Posteriormente, se trasladan al transporte público con la finalidad de controlar la eficiencia del servicio y la reducción de los hechos vandálicos, hasta que llega al espacio público desde fines de lo ochentas y principios de los noventas quedándose en este tema por un buen tiempo.

Desde aquella época su uso ha ido en franco crecimiento, a pesar de que no existen evaluaciones y monitoreos que permitan medir su eficiencia, es tal la legitimidad que ha logrado dentro de la población, que los habitantes y las autoridades municipales la demandan reiteradamente ¿Porque ocurre esto? Hoy existe una fascinación por la tecnología en tanto crea un imaginario de modernidad y eficiencia, y también porque es percibido como un brazo de presencia policial.

La video vigilancia fue originalmente concebida en el marco de la prevención situacional, con el objetivo de reducir las oportunidades a la violencia a partir del diseño urbano o del entorno ambiental. De las evaluaciones se desprende que es eficiente para el control de ciertos delitos y en ciertos lugares específicos, lo cual proviene de las políticas de focalización; sin embargo, su “éxito” –en muchos casos ha producido un desplazamiento de la violencia hacia las llamadas “zonas ciegas”.

En otros casos, la video vigilancia ha sido concebida como mecanismo de respuesta temprana ante situaciones de inseguridad (robo, riña) y de emergencia (accidentes, incendios), lo cual debería ocurrir en el mejor de los casos y de acuerdo a las normas internacionales en un tiempo no mayor a tres minutos. Tampoco se puede dejar de lado que la tecnología de la video vigilancia produce resultados interesantes en el ámbito de la investigación y la inteligencia policial; es decir, como elemento que ayude a detectar delitos y delincuencia.

Existen varias funciones previas y simultáneas que se deben realizar para que las cámaras operen: reconocimiento legal como prueba, patrullaje policial, sistemas de información, bomberos, paramédicos y hospitales, fiscalía, etc. Asimismo, es preciso tomar en cuenta que tras la video vigilancia está también el sector privado, actor de singular importancia que debe ser considerado en las políticas de seguridad, ya que constituye un sector que se ha dinamizado considerablemente en cuanto al ámbito tecnológico.

De todas maneras, es importante señalar que la video vigilancia no puede operar como un elemento aislado, porque su virtud y funcionalidad dependerá de la infraestructura, la logística y la integración a los sistemas correspondientes de prevención, respuesta e inteligencia; caso contrario su eficiencia será baja e incluso, nula