El delito de mayor ocurrencia en el país es el del robo de bienes; sin embargo, éste está invisibilizado por el peso que tiene la cooperación internacional en un doble sentido: por un lado, porque los recursos y las estrategias están dirigidas a la persecución del narcotráfico, el terrorismo y el “coyoterismo” y, por otro lado, por el peso que ha adquirido –también por razones internacionales– el seguimiento focalizado de un tipo particular de delito: los homicidios. El énfasis en estas amenazas ha llevado a políticas altamente represivas, cuando la realidad podría ser enfrentada desde otras perspectivas y con resultados mucho más positivos para la reducción del conjunto de las violencias.

Los delitos contra el patrimonio implican una lógica económica explícita: los objetos robados deben entrar al mercado para efectivizarse monetariamente. Esta realidad plantea al menos algunas de las siguientes consideraciones: (i) hay un sistema económico con agentes y fases explícitas; (ii) hay una especialización por tipos de bienes robados porque cada uno tiene su circuito particular de comercialización (vehículos, joyas, celulares), pues los mercados dependiendo del objeto robado, pueden negociarse incluso internacionalmente (piezas de patrimonio cultural); (iii) las políticas pueden tener resultados más eficaces si se enfrenta este delito con algunas medidas económicas; en este caso, por ejemplo, puede ser más eficiente atacar la demanda, esto es, no concentrar únicamente los esfuerzos en el momento anterior al cometimiento del delito, sino en todas y cada una de las fases del ciclo económico y, en particular, cuando busca efectivizarse mercantilmente. Con ello, la responsabilidad no es exclusivamente policial sino de los agentes y políticas económicas que se deben diseñar para el efecto.

Es conocido que el ciclo se inicia con unos actores que sustraen los objetos a las personas, los hogares o los comercios. Luego continúa con una cadena de intermediación hasta llegar a los lugares de intercambio mercantil, que son de tres tipos y de tres actores explícitos: a pedido, en mercados móviles (esquinas o plazas) y en mercados permanentes (cachinerías). Hay que señalar que en Quito el monto de bienes robados llega a la cantidad de USD 42 millones, sin considerar el hurto de vehículos o autopartes, lo cual implica un flujo económico muy grande.

En este tipo de delitos –contra la propiedad– se configuran varios delitos o, lo que es lo mismo, el robo de bienes lleva tras de sí un enlace con otras infracciones, como por ejemplo: no pago de impuestos, intercambio de bienes robados, economías clandestinas, transporte de productos sustraídos, el contrabando y los mercados ilegales, entre otros. Pero quizás el más llamativo sea el delito que implica la compra de un bien robado. El aforismo popular –hecho carne en la población– de que “ladrón que roba a ladrón tiene mil años de perdón”, es un dicho sin sustento legal, pues el código penal establece penas de reclusión a quien compra productos robados.

De este análisis somero se pueden extraer algunas políticas que no requieren de acciones puramente policiales: (i) se necesitan buenos sistemas de información para saber cuales son los bienes que más se sustraen para intervenir en esos mercados (por ejemplo, si se trata de robos de teléfonos celulares, se debería establecer un acuerdo con las operadoras del servicio para que no se activen estos teléfonos); y, (ii) se deben hacer campañas masivas para que la población sepa que comprar un producto robado es un delito, además hay que eliminar los mercados ilegales fijos y móviles, pues los lugares donde se encuentran ubicados son de conocimiento público