Un fantasma recorre América Latina: es el fantasma de una nueva doctrina de (in)seguridad. Todas las fuerzas de la vieja América Latina se han unido en esta santa cruzada para acosar juntas a este fantasma: la policía, la justicia, la cárcel, los gobiernos locales; la derecha y la izquierda; los opositores y los gobiernistas, la cooperación internacional y la población.

La población demanda seguridad, los políticos ofrecen su versión más represiva, la cooperación internacional está más presente que nunca, los Estados nacionales y subnacionales incrementan notablemente los recursos6, así como las propuestas de políticas se multiplican. Todos en esta cruzada, y sin embargo la violencia continúa creciendo inconteniblemente.

El concepto de (in)seguridad no es claro porque hace referencia, por un lado, a un conjunto plural de violencias distintas, entre las que sobresalen los delitos (es decir, aquellas que están tipificadas en el código penal) y, además, dentro de ellas son prioritarias las definidas internacionalmente (terrorismo, narcotráfico y migración irregular); y, por otro, a políticas distintas, como si una y otra fueran similares y únicas; esto es, inscritas en la lógica del pensamiento único que se ha pretendido generalizar en la región.

Sin embargo, la realidad de la situación es distinta, porque se trata de un concepto polisémico que tiene distintas aproximaciones teóricas, metodológicas y de acción. Se lo ha pretendido llenar con tecnicismos uniformistas difíciles de ser discutidos, por el peso hegemónico que ha logrado y por la significación de los actores nacionales e internacionales que lo encarnan. ¿Quién puede poner en cuestión la aproximación epidemiológica? ¿Cómo negar la necesidad de la prevención? ¿Dónde negar la evidente necesidad de la reforma policial?

Y tras de esta perspectiva única y hegemónica es difícil esconder la realidad del crecimiento inexorable de la violencia en la sociedad y desde el Estado y, lo que es más grave, la conversión de la violencia en un mecanismo para resolver los conflictos a través del sicariato, el ajuste de cuentas, la justicia por la propia mano, el “exceso aislado policial”, entre otros.

No sólo que hay problemas en el enfoque analítico utilizado, sino también en el diseño de las políticas, donde se pone mayor énfasis en la llamada seguridad pública (defensa del orden público estatal) para perseguir determinados delitos propios de la violencia social; cuando en realidad, se debería enfrentarlos desde la perspectiva de la seguridad ciudadana (convivencia y tolerancia interpersonales); con ello se confunde la problemática y, por un lado, se termina persiguiendo delitos como el terrorismo, la migración ilegal o el narcotráfico como si fueran elementos de convivencia social y por otro, la función estatal pasa de garante de la tolerancia interpersonal (regulador pactado de la otredad) a represor del delito. O, en otras palabras, a los delitos interpersonales se los trata como si fueran de seguridad pública; lo cual implícitamente lleva a pensar que la defensa del orden público estatal no es más que la necesidad de preservar el modelo económico y político nacido en la mitad en la década de los años ochenta del siglo pasado.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en estos dos últimos años los países de América Latina han sido escenario de procesos electorales donde el tema de la seguridad se ha posicionado como un elemento constitutivo central de las agendas de política pública, pero lo ha hecho desde su ángulo más perverso: la llamada “mano dura”; que no es otra cosa que enfrentar al delito bajo las fórmulas clásicas de la represión y control: más policía, mayores penas y más cárceles11. Una situación coyuntural como la descrita pone –principalmente– a la policía y al sistema de justicia en el centro del debate, pero bajo el efecto del llamado “populismo penal” que lleva a la discusión de las modalidades más fuertes de castigo, vigilancia y represión, por encima del debate respecto de cómo diseñar las políticas y los marcos institucionales de la seguridad ciudadana.

Así el tema de la justicia y de la policía se resume en la entrega de más recursos económicos para cumplir con las ofertas de campaña en plazos breves. Para ello se recortan los presupuestos de inversión social y se recurre a la cooperación internacional, con lo cual la medicina termina siendo peor que la enfermedad. El enfoque que prima no resuelve el problema sino que lo agudiza: se persiguen los delitos que la cooperación inter nacional demanda, se posiciona socialmente y con cierta legitimidad la represión y el control (¿violencia de Estado?), se reducen los recursos de inversión social que conducen a mayores desequilibrios sociales y se generaliza el temor como fuente de hechos adicionales de violencia.

De esta manera las campañas electorales han puesto en el debate la oferta de políticas represivas frente a la violencia y los violentos, dejando de lado las discusiones de fondo referentes, por ejemplo, a las políticas preventivas que deben llevarse a cabo. Y cuando se desarrollan los ejercicios de gobierno se percibe la utilización política de la policía –en el sentido de seguridad pública– con la finalidad de defender el proyecto político del régimen de turno, con lo cual la subordinación de la policía al poder constituido termina siendo de su utilización. Con ello se deposita la responsabilidad del “combate” a la delincuencia en una institución que no tiene ni las funciones ni las competencias que la realidad demanda, poniendo en riesgo la imagen institucional de la policía que termina por deteriorarse, desprestigiarse y deslegitimarse.

A ello se debe sumar el “populismo punitivo” que surge desde los medios de comunicación, en tanto tienen una lógica informativa muy clara: prevalecen las noticias y opiniones sobre la violencia por sobre las de la seguridad, y al establecer esta prioridad impiden legitimar socialmente los procesos de cambio institucional; y cuando abocan conocimiento de los temas de seguridad, terminan por alinearse a las demandas de la población –por el famoso rating– con lo cual se llega al punto de partida de ir por la fenomenología penal dejando de lado los temas centrales de una política de seguridad ciudadana.

Hoy la policía es la depositaria central de la responsabilidad de contener –a corto plazo– la violencia debido a que, por un lado, es el blanco de las demandas de la población y, por otro, la exigencia de los gobiernos y los políticos para cumplir con sus ofertas de campaña; encontrándose en una encrucijada (a fuego cruzado) de la cual difícilmente podrá salir bien librada.

En ese contexto la población exige el control de los hechos de corrupción y de los abusos policiales (sistemáticos o aislados), así como el requerimiento de los nacientes gobiernos democráticos de llevar a cabo un proceso legitimador de la institución; donde uno y otro permitan la reducción de la violencia, cuando se vive un proceso incontenible de su crecimiento que pone en crisis su gobernabilidad.

Frente a ello el discurso oficial vende la denominada reforma policial, que no es otra cosa que la introducción de ciertos cambios superficiales que permitan el cumplimiento de su cometido de represión y control, para lo cual no escatima el menor esfuerzo en buscar su relanzamiento legitimador en el escenario social: la policía comunitaria.

La policía es uno de los pilares más importantes, pero no el único, de la seguridad ciudadana. Si bien el tema policial es uno de los más estudiados dentro de los organismos de seguridad ciudadana, no se puede desconocer que recién a fines del siglo XX cobra relevancia, en el marco de los procesos de redemocratización regional, de la caída del muro de Berlín, de la reforma del Estado (descentralización y privatización) y del incremento de las tasas delincuenciales.