¿Por qué todos los caminos conducen a la miseria del panóptico?

Fernando Carrión Mena, FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Ecuador

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FLACSO Ecuador

Abstract

Las libertades públicas y la seguridad ciudadana son dos caras de una misma moneda y son –a su vez- requisitos fundamentales para la convivencia social. Esto significa que son inseparables la una de la otra, en el sentido que hay una relación en la que “la seguridad y el orden son valores subordinados a las libertades” (Agirreazkuenaga, 1995). Pero también quiere decir que el respeto a la precedencia permite la tolerancia y la convivencia.

La seguridad ciudadana, como política pública, no puede limitar las libertades individuales. De allí que ninguna de las tres instituciones públicas como dispositivos disciplinarios (Foucault, 1989) –policía, justicia y cárcel- puedan violar ningún derecho y mucho menos el de la libertad, porque éste prevalece sobre la seguridad, tanto que es un derecho humano que debe ser protegido legal e institucionalmente. Sin embargo, el sistema penal lo hace y al hacerlo trastoca la ecuación: pone la seguridad por sobre la libertad; la carreta delante de los bueyes…

Adicionalmente, la privación de la libertad mediante la cárcel termina siendo la expresión máxima de la exclusión social, porque se trata del mayor aislamiento o marginación posible. Aquí nace una primera pregunta: ¿Por qué la exclusión social extrema –privación de la libertad- puede ser un paso de re-socialización o inclusión social, si es su antítesis? ¿No sería mejor intentar la re-socialización y la rehabilitación mediante otros métodos y en una fase anterior a la cárcel? En otras palabras, hay un problema estructural inherente a la cárcel: difícilmente puede ser rehabilitadora porque parte de su negación (el secuestro); razón por lo cual tampoco puede ser parte de una política preventiva. Por eso, en la realidad, la cárcel requiere de políticas rehabilitaras posteriores a la prisión -que muy pocos países las tienen cuando se suponía que ella debía hacerlo por sí sola. Esta realidad añade un paso más dentro de las políticas de seguridad; después de la cárcel –que se ha mostrado ineficiente se requiere una instancia de re-socialización, rehabilitación y reinserción.

En ese contexto, la privación de libertad es, por un lado, una medida que tiende a privilegiar la seguridad sobre la libertad y, por tanto, a ser contraria al derecho y, por otro, ha demostrado ser una medida poco eficiente para mejorar la seguridad. El concepto de encerrar –de privar de libertad al delincuente- no ha funcionado ni ha sido una solución al delito. Las condiciones del encarcelamiento para el delincuente son inhumanas (hacinamiento, alimentación, salud) y la lógica del encarcelamiento termina oprimiendo al interno, generando una mayor reincidencia y desarrollando con más fuerza el crimen.

Sin embargo, se sigue insistiendo en ella y cada vez con más fuerza. En ello mucho ha abonado el denominado “populismo punitivo” (Sozzo, 2005), que nace de la legitimación desde debajo de las estrategias de represión del delito; de las demandas de los afectados por medio de multitudinarias marchas; de la función de los medios de comunicación por construir un sentimiento público; de las campañas electorales (sobre todo en este último año) que se disputan el incremento de la represión (la mano dura o la guerra al delito) y del incremento de la violencia de la calle (es decir, del delito menor).

Este “populismo punitivo” ha llevado a que en América Latina la población carcelaria crezca muy por encima de las tasas de crecimiento de la población (más de seis veces) y lo haga, paradójicamente, por factores vinculados a la misma cárcel y no al delito o a la eficiencia administrativa: la reincidencia, el incremento y extensión de las penas, los nuevos delitos y las nuevas políticas carcelarias. Situación que va de la mano con el deterioro de las infraestructuras, la degradación de las condiciones carcelarias y los escuálidos presupuestos que se destinan para este fin.

Lo cierto es que en Latinoamérica la cárcel vive uno de sus peores días. Esta situación empieza a perfilarse con rasgos propios y dramáticos desde la década de los años noventa, cosa que se puede evidenciar bajo dos perspectivas: