Después de casi cuarenta años de reformas de mercado, no se observan

proyectos políticos realmente capaces de enfrentar y modificar el modelo

de desarrollo neoliberal y paliar sus consecuencias negativas. La llegada de

Hugo Chávez a la Presidencia venezolana en 1999, hasta su muerte en 2013,

marcó quizás el único intento de promover un proyecto evidentemente alternativo después del Consenso de Washington. Chávez logró reconfigurar el

sistema político venezolano con la introducción de una nueva constitución, y

también pudo agrupar a los gobiernos de izquierda de la región que surgieron

en los primeros años del siglo XXI. Pero este proyecto no ha tenido éxito. Después de Chávez es difícil observar una alternativa profunda en el panorama político latinoamericano, pues los gobiernos y movimientos actuales

llamados progresistas son cada vez más pragmáticos. La izquierda latinoamericana ya no cuenta con las bases de los trabajadores porque las organizaciones se han debilitado o ya no existen. Y no porque los trabajadores ahora

vivan en mejores condiciones, excepto que las reformas han dislocado los

sindicatos y las organizaciones de los campesinos que estaban en la base de

los partidos del siglo XX. Las políticas antipolíticas y antipartidistas pueden ser estrategias efectivas para movilizar al electorado y ganar elecciones, pero no ayudan a construir instituciones democráticas. En la actual crisis de la democracia resalta

el diseño institucional del presidencialismo latinoamericano que padece de

un fallo estructural: las crisis de gobierno se convierten en crisis del sistema.

Ello abre las tentaciones de perpetuarse en el poder de los presidentes en

turno, que llegan con un alto grado de legitimidad de origen, en varios casos

abultada por los efectos artificiales de la segunda vuelta electoral; pero la

legitimidad se desgasta naturalmente por el ejercicio gobierno, y al no existir

mecanismos de fortalecimiento directo de la legitimidad en funciones como

el voto de confianza en los sistemas parlamentarios, promueven acciones que

erosionan las instituciones políticas y abren las puertas a la corrupción. Estas actitudes extendidas por toda la región no tienen diferencias ideológicas.

Súmese a ello la debilidad del estado de derecho que genera una separación

entre la población y el cumplimiento de las leyes lo que ha aumentado el

papel de las organizaciones criminales. En síntesis, el panorama actual de la

democracia latinoamericana no presenta muchas razones para el optimismo.

Solo será posible cambiar la vida política de estos países si los propios ciudadanos latinoamericanos interiorizan los valores democráticos y se apropiarse

de ellos, mientras se continúe con la lógica de que las soluciones están en una

persona o en un grupo, la democracia seguirá erosionándose.